tu bebé

Lactancia y alimentación

Imprimir Enviar

Sobre el clearing de deudores alimentarios

Dr. Arturo Teitelbaum - Abogado

Cuando ya se han fijado legalmente el Deber de asistencia familial, que un padre o madre le debe a su hijo menor de edad, o a un mayor pero es una persona discapacitada, y no se cumple con lo establecido en la sentencia judicial, o en el convenio homologado judicialmente, sin ninguna causa que lo justifique, se puede utilizar si se dan ciertas premisas la inscripción de esa persona que adeuda en el Registro Nacional de Deudores alimentarios, un clering especial que afectará las diversas actividades financieras del deudor alimentario.

El objetivo es dar una herramienta más para poder materializar ese deber del obligado a servir los alimentos y que realmente llegue al beneficiario.
La Ley 17957 de abril del 2006 con la creación del Registro Nacional de Deudores alimentarios y la Ley 18244 del 18 de diciembre del 2007, que modificó parcialmente la primera en algunos puntos de funcionamiento de la comunicación y el monto de la responsabilidad con otras instituciones que puede llegar a querer operar el deudor, nos da el marco legal que Uruguay tiene.

El objetivo de nuestra legislación es avanzar en la protección de los niños, adolescentes e discapacitados, dando una herramienta más para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de alimentos de sus padres u otros obligados según la ley.

Las herramientas tradicionales para que se de el cumplimiento de lo establecido (intimación de cumplimiento de la pensión alimenticia, pensiones subsidiarias, acciones ejecutivas, embargos, pérdida de la patria potestad, acciones penales la que apreciamos en el artículo 279 A del Código Penal, establecidas en relación al incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad) muchas veces no alcanzan, no son suficientes.

Si le sumamos que diferentes estudios nos marcan que en nuestro país un importante número de niñas, niños, adolescentes e incapacitados, se encuentran en estado de indefensión, hizo que se busque otros mecanismos para revertir ésta situación, es así que con el fin de que se cumpla, y que llegue el alimento a quien lo necesita, se eligió inhibir diferentes actividades del deudor para presionarlo en su cumplimiento.
Si apreciamos el Derecho comparado hay diferentes soluciones en cuanto a la inhibición de actividades, como ser meramente económicas como es en Uruguay como lo apreciamos en le abrir una cuenta bancaria, o solicitar o renovar una tarjeta de crédito, o contratar con el estado o entidades públicas no estatales, otras legislaciones han optado además de inhibir actividades no económicas como ser retirarle la libreta de conducir o no darle el pasaporte.

Analizando nuestra legislación la ley 17957, nos habla en su artículo 2 que Se consideran deudores alimentarios, a efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, a aquellas personas que reúnan acumulativamente las siguientes condiciones:
A) Que estén obligadas a servir una pensión alimenticia cuyos beneficiarios sean niños o niñas o adolescentes, menores de veintiún años, o mayores de veintiún años si se trata de personas discapacitadas, habiendo nacido la obligación por sentencia ejecutoriada o convenio homologado judicialmente.
Apreciamos que tienen que ser niños, niñas o adolescentes menores de 21 años, entendemos que ésta edad es la fijada para el nacimiento de la obligación, no así para el reclamo, pudiendo ejercer éste derecho luego de esta edad o personas discapacitadas, el concepto para éstas últimas entendemos que es amplio es decir sean personas por discapacidad física como psíquica.
B) Que adeuden más de tres cuotas alimenticias, total o parcialmente, ya sea que se trate de alimentos provisorios o definitivos.
No nos olvidemos que los requisitos son acumulativos, si adeuda y ésta atrasado una cuota o paga tarde hay que buscar otras herramientas, como ser tratar de retenerle de los ingresos pero no se podrá solicitar su inscripción como deudor moroso.
C) Que previamente se le haya intimado judicialmente los adeudos y que el obligado no haya probado fehacientemente que carece momentáneamente de recursos para afrontar las obligaciones alimenticias.
La intimación previa es otra requisito aunque adeude 20 cuotas y que no tenga ninguna causa justificada para no pagar como ser si realmente no tiene ingresos.
Una vez que sea intimado, si el obligado se encontrase imposibilitado de cumplir, la tramitación de la oposición se realizará por la vía incidental.
D) No será procedente la inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, cuando de oficio o a petición de parte se acredite que existe una acción de rebaja o de exoneración de la pensión alimenticia no abonada por el obligado, iniciada con anterioridad a la petición de inscripción y esté pendiente de resolución definitiva.
Si hay un juicio iniciado con anterioridad al registro de rebaja o exoneración por no poder pagar primero se tendrá que resolver éste si se le decreta la misma judicialmente
quedaría sin efecto la posibilidad de inscripción.
Cuando se dan éstos requisitos, el Juez a pedido de parte, ordenará la inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, la misma está exonerada del pago de tasas o tributos.

¿Cuales son las consecuencias de estar inscriptos?

Las entidades financieras y las emisoras de tarjetas de crédito, deben consultar la información al Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, si están o no inscriptos como deudores morosos alimentarios, antes del otorgamiento o renovación de créditos, apertura de cuentas bancarias, emisión y renovación de tarjetas de crédito, también el Estado, los Gobiernos Departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, así como las personas públicas no estatales tienen la carga de consultar antes de contratar, la consulta de información registral referida alcanza a directores o administradores de las personas jurídicas proveedoras, quedando prohibida la contratación con éstas, en caso de que sus directores o administradores figuren inscriptos como deudores alimentarios. Estas acciones hacen que se inhiban las actividades que el deudor. Lo que modificó la reciente Ley 18244 es el modo de consulta mientras que en la Ley 17957, la carga y costos que insumiera dicha operativa eran de cargo de las entidades financieras referidas o de las emisoras de las tarjetas de crédito, hoy la responsabilidad la tienen el registro que informa al B.C.U. y éste a las entidades comprendidas, la otra modificación es en la omisión de este requisito o el otorgamiento cuando el solicitante se encontrare inscripto como deudor en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, ya que pasa de ser solidariamente responsable a la entidad financiera por el monto de la obligación alimentaria no cumplida, a estar limitada limitar su responsabilidad con una multa de 20 UR., es decir que si una institución por error o intencionalmente de un crédito a un deudor moroso alimentario de por ej. $ 200000, solo tendría que pagar una multa de 20 UR., pero es compartido por los integrantes del Instituto de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, de cual somos integrantes y al cual nos adherimos, que se podría reclamar a las entidades correspondientes por el Daño causado pero ya no por ésta ley sino en un juicio civil.

Para culminar éste informe es importante conocer y saber utilizar si corresponde ésta herramienta del Registro de Deudores Alimentarios, para que el deudor moroso que no tiene causa que justifique su accionar pague y cumpla con lo establecido, ya que si nos enfocáramos para quien es el beneficio, que su conducta ésta afectando a otro que seguro necesita, no dudaría en hacer lo imposible por brindar esa ayuda, restableciendo el equilibrio, cuando esto no es así la justicia no tiene que ser solo palabras y actuar para que sea igualitaria para todos.

Temas relacionados